La Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), indicó hoy que más de 10,000 hectáreas de territorios comunales se han formalizado en lo que va del año, beneficiando a más de 2,000 pobladores rurales.
Un título de propiedad agrario además de generar seguridad jurídica de su territorio y reducir potenciales conflictos y permite el acceso a oportunidades de desarrollo.
Específicamente, en el caso de las comunidades nativas, se convierte en un instrumento estratégico para propiciar la protección de los bosques y su biodiversidad.
En ese sentido, el Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT3) de la UEGPS, en un esfuerzo conjunto con los respectivos gobiernos regionales de Loreto, San Martin, Cusco y Puno; coadyuvó a la inscripción de ocho comunidades nativas, una comunidad campesina y 74 predios rurales individuales en los Registros Públicos, lo que representa la formalización de más de 10 mil hectáreas de tierras rurales.
“El registro del título de propiedad de cada comunidad es la conclusión de largos procesos que hemos retomado y reorientado articulando esfuerzos entre las diversas entidades del Estado que administran el territorio, lo cual constituye un importante hito de gestión que estamos replicando en las regiones del ámbito del PTRT3”, indicó el director ejecutivo de la UEGPS, Fernando Neyra.
En el 2023, las comunidades nativas de la Región Loreto que lograron la inscripción de sus títulos comunales, tras 6 años de gestiones, son: Huatapi – Río Huallaga, Selva Alegre, Bello Horizonte, Puerto Díaz y Casa Grande – Río Ucayali
En la región San Martín, las comunidades nativas de Kichwa Dos de Mayo, Kichwa Pintu Yaku Machupicchu y Nuevo Santa Rosa de Alto Chambira; esta última después de 15 años de iniciadas las gestiones.
Por último, cabe destacar la comunidad campesina Ccoyaraqui, en el Cusco, que obtuvo su titulación después de 50 años.
El PTRT3, contribuye al cierre de brechas de formalización de la propiedad rural en 10 regiones de la selva y zonas focalizadas de la sierra, con la finalidad de brindar seguridad jurídica a los agricultores y nativos del país.