En un nuevo golpe contra las organizaciones dedicadas a la venta de teléfonos celulares robados, la Policía Nacional del Perú (PNP) incautó este jueves un total de 923 de estos aparatos, en un megaoperativo ejecutado en un centro comercial de la cuadra 4 de la avenida Argentina, en el Cercado de Lima.
Los teléfonos móviles de dudosa procedencia fueron hallados en 42 puestos de venta intervenidos, donde también se encontraron seis laptops y 25 tabletas electrónicas que contenían programas utilizados para el ‘flasheo’ y modificación del IMEI de los equipos celulares.
El director de Seguridad del Estado de la PNP, general Iván Lizzetti, informó que se detuvo a 13 personas –entre ellas una ciudadana extranjera–, quienes serán investigadas por el presunto delito contra el patrimonio, bajo la modalidad de receptación.
“Teñidos de sangre”
La autoridad policial detalló que en este megaoperativo en la zona conocida como Las Malvinas, donde participaron más de 400 efectivos de distintas unidades de la PNP, también se confirmó que 22 de estos celulares decomisados estaban reportados como robados.
Asimismo, indicó que se hallaron 715 teléfonos móviles desarmados, cuyas piezas eran comercializadas como accesorios, y otros equipos liberados y con el IMEI modificado, listos para volver a ser utilizados.
“Este es un centro comercial donde se dedican a comprar y vender celulares robados, celulares que en su momento han teñido de sangre las calles –afirmó Lizzetti–. Tenemos muchas víctimas que han sufrido el robo de sus celulares y aquí es el lugar donde estos equipos son comercializados ilegalmente”.
Delito de receptación
La autoridad policial recomendó a los ciudadanos que no compren equipos de dudosa procedencia, porque estarían incurriendo en el delito de receptación, el cual es sancionado con penas que van de 2 hasta 4 años de prisión efectiva.
El director de Seguridad del Estado también recordó que, en el marco del Decreto Legislativo N°1578, las penas por el robo de celulares se endurecieron y los delincuentes que cometen este delito podrían llegar a recibir condenas de hasta 30 años de cárcel efectiva.
