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El colegio de comisarios europeos reunido este miércoles ha aprobado un documento con propuestas para que los 27 países del bloque comunitario hagan frente a la crisis energética derivada del alza de los precios de las materias primas, especialmente de los combustibles fósiles, y del conflicto entre Rusia y Ucrania.
En el paquete de recomendaciones figura una nueva tasa impositiva para las empresas energéticas y medidas de ahorro. Entre los objetivos destaca la reducción de la demanda de gas, mediante la disminución del utilizado para la generación eléctrica. De esa forma, se pretende cubrir la mayor parte de la demanda con tecnologías renovables y con energía nuclear.
A partir de ahora se abre un periodo de negociación con los países comunitarios que deberá cristalizar en un acuerdo en la reunión extraordinaria de ministros de Energía convocada para dentro de dos semanas, el 30 de septiembre, en Bruselas.
Impuesto extraordinario a las compañías eléctricas
La gran medida anunciada este miércoles consiste en la aprobación de una ‘tasa solidaria’ a las compañías que producen electricidad de origen renovable, nuclear y con lignito. Este nuevo impuesto se espera que sea del 33 % de los beneficios extraordinarios obtenidos este año.
Se trata de una propuesta que ha contado con un amplio consenso entre los 27 Estados miembros, convencidos de que las empresas que más beneficios están consiguiendo gracias a la coyuntura actual deben colaborar para salvar una economía lastrada por la inflación y amenazada por una probable próxima recesión.
La propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha estimado este miércoles durante su discurso que esta medida recaudará más de 140.000 millones de euros. «Millones de europeos necesitan apoyo para pagar sus facturas de energía. Algunas empresas producen electricidad a bajo costo y obtienen grandes márgenes. Proponemos un tope a sus ingresos que recaudará más de 140.000 millones de euros. Y reformaremos profundamente nuestro mercado eléctrico», ha prometido Von der Leyen.
Aunque Von der Leyen no ha desgranado las otras propuestas aprobadas, según ha circulado, irían encaminadas a la reducción del consumo de electricidad de hasta un 10 % por parte de cada uno de los Estados miembros. Este ahorro se debería concentrar en las horas punta de consumo, donde el descenso tendrá que suponer el 5 %.
Siguiendo la estela de España y Portugal
Se espera que las nuevas medidas vayan en la senda de las iniciativas lideradas por España y Portugal. En este sentido, se trataría de priorizar medidas flexibles y voluntarias, como las que ya ha puesto en marcha España, para reducir el consumo eléctrico.
En el país ibérico, el plan aprobado por el Gobierno incluye medidas como el apagado de luces en comercios y edificios administrativos, entre otros, cuando no estén en uso; así como la limitación de la temperatura de las instalaciones de climatización, hasta un mínimo de 27 grados en verano y un máximo de 19 grados en invierno.
Por otro lado, se espera una extensión adaptada de ‘la excepción ibérica’. Bajo este mecanismo, España y Portugal han topado el precio máximo del gas para la generación eléctrica, que es la tecnología más cara que entra en la subasta de electricidad y cuyo precio se aplica al resto de tecnologías más baratas, sobrerretribuyéndolas de manera artificial.
De este modo, a pesar de que se debe compensar a las empresas gasísticas por la diferencia entre ese tope y el precio de su materia prima en los mercados internacionales, la disminución de la retribución a las otras fuentes de energía eléctrica ha resultado en un ahorro del 18 % en las facturas de los consumidores españoles y portugueses desde que comenzó a aplicarse en mayo.
Sin embargo, la Comisión reconoce que necesita más tiempo para diseñar y consensuar dos medidas en esta línea: poner un límite al precio del gas y aumentar la liquidez de los mercados financieros de futuros de la energía.